El éxodo hondureño no es el problema

Analysis03.06.2019Elena Toledo
Personas migrantes de centroamérica
ProtoplasmaKid

En Honduras como en todos los países que componen el Triángulo Norte de Centroamérica existe actualmente un fuerte dilema e incertidumbre respecto al tema migratorio ya que la llegada del presidente Donald Trump ha puesto aún más en evidencia este fenómeno que se ha calificado como crisis humanitaria, pero que a mi me gusta llamar “éxodo” ya que las personas parten de sus países prácticamente buscando la tierra prometida donde encontrarán la bonanza que tanto necesitan y que esperan encontrar en Estados Unidos.

Actualmente unos 300 hondureños dejan su país diariamente para emprender el incierto camino hacia Estados Unidos. En 2018 fueron deportados del territorio estadounidense 7,208 hondureños, y de México un poco más con 36,501. Se estima que se encuentran viviendo en suelo estadounidense 600,000 hondureños, lo que equivale al 15% de la población total de Honduras.

El costo promedio en que cada uno incurre al irse de Honduras por vía terrestre fluctúa en unos USD$8,000; esos costos los pagan habitualmente los emigrados hondureños, parientes y amigos, que ya están establecidos en el extranjero. Aun cuando a su vez la familia que deja en Honduras el migrante que se va, también incurre en gastos adicionales y por ello asume un endeudamiento.

Para tener una idea, en el último éxodo masivo hacia Estados Unidos, fueron 9,830 infantes hondureños no acompañados los que emprendieron el viaje y a esto se le sumaron 33,123 mil unidades familiares, esto es, un menor acompañado por un adulto.

Mover todo ese contingente humano produjo ingresos de USD$7 mil millones a la industria del tráfico de inmigrantes en Honduras. Si bien es un negocio penalizado, opera como una empresa multinacional, casi “de interés público” por el efectivo y ubicuo servicio que presta, con “filiales” en Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos.

Los “coyotes” o personas que se dedican a movilizar de manera irregular a inmigrantes en Honduras, son los operativos más visibles y aceptados de la política oficial migratoria vigente. Cuando quieren, inician, impulsan o detienen movimientos originados con demanda en cualquier lugar del país. En parte, porque la “política oficial” vigente, en la práctica carece de transparencia y realismo. No tiene la institucionalidad, recursos, programas, proyectos, controles, incentivos y mecanismos de evaluación mínimos necesarios para lograr y probar lo que pretenden.

Aunque el discurso oficial del Gobierno dice que con sus acciones favorecen a los migrantes y familiares, de hecho, en balance, quienes más se lucran con los negocios que generan los migrantes son los bancos, cooperativas de crédito, casas remesadoras, de cambio, los importadores y exportadores de productos, y los especuladores de monedas extranjeras en Honduras. Ello sucede aun cuando el Banco Central de Honduras decide las políticas y normas regulatorias de lo hecho, supuestamente orientadas “al crecimiento, desarrollo y bienestar del país”.

Durante el año 2017 el monto de remesas recibidas en Honduras desde el exterior ascendió a USD$350 millones según datos del Banco Central de Honduras. Ese total significa una gran cantera de recursos frescos para el país. Y al mes de mayo del 2019, la cantidad de remesas registradas por el Banco Central de Honduras es ya de $2,000 millones.

Lo recibido en remesas supera cada año los dólares que en conjunto entran a Honduras por las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, los fondos extranjeros de inversión y ayuda. El total anual en remesas equivale a un tercio del presupuesto general anual de ingresos y egresos de la República y al 18% del Producto Interno Bruto/PIB nacional, indicador que supera los $20,000 millones de dólares.

Por todo lo anterior, desde hace más de una década las remesas que vienen del exterior al país se han convertido en el principal estabilizador financiero de la economía hondureña. Así lo reitera el Gobierno, la empresa privada y los organismos de la cooperación.

El problema

La migración hacia el exterior de hondureños podría convertirse en un instrumento efectivo del desarrollo del país, que hoy no lo es. Por lo tanto, el problema para Honduras no es la migración en sí misma, sino el tipo de migración que predomina en el país desde 1998, año en que nos azotó el huracán Mitch y se disparó el éxodo masivo de los hondureños hacia países extranjeros.

La misma se caracteriza por ser desordenada, ilegal, costosa, extractiva de recursos humanos, irrecuperables hasta el presente, altamente violadora de derechos humanos y con impactos negativos para el migrante, familia, empresas, comunidades y para el país en general.

En los medios de comunicación de Honduras continuamos oyendo y leyendo a diario sobre los abusos, maltratos, extorsiones, secuestros, explotaciones y violaciones que les hacen a hondureños cuando emigran por tierra hacia Estados Unidos y otros países.

El tipo de migración al exterior que predomina en Honduras tampoco favorece a la empresa privada del país. Para ello, tendría que convertirse en lo que hoy no es: la gran generadora y beneficiaria de las “remesas del conocimiento”; entendidas éstas como la transferencia de capital humano y social, usando recursos de diferentes tipos que fueron aprehendidos por el migrante mientras estuvo laborando fuera de Honduras.

Esos recursos tienen demanda nacional permanente en el país de origen del migrante. Está comprobado que en la época de globalización en que vivimos, combinar remesas económicas con las del conocimiento, dentro de una estrategia de crecimiento y desarrollo nacional, genera innovaciones, suma nuevas actividades y aumenta el nivel de competitividad de las empresas, sobre todo cuando abren, reorganizan o expanden sus operaciones.

Alternativa

En Honduras urge cambiar el patrón dominante de migración existente por otro muy distinto, diría hasta contrario al actual. Mientras que los movimientos migratorios al exterior, especialmente los de naturaleza laboral, continúen controlados por las peores actores e intereses particulares del mercado, como sucede en Honduras al presente– la migración seguirá será siendo un problema y no una solución para el país, aun cuando pudiera convertirse en un potente recurso nacional para el crecimiento y desarrollo del país.

Para ello, la migración de los hondureños al exterior por razones laborales debería estar concebida, planificada y directamente manejada por un ente privado, sin fines de lucro, de interés social, auto-sostenible y con fuertes vínculos operativos con organizaciones de la sociedad civil. Operando así se convertiría en el gran artífice real de la vigente política pública migratoria laboral hacia el extranjero. El Estado hondureño seguiría normando al sector pero sujeto a veedurías de ciudadanos notables y de reconocidos defensores de los intereses de los migrantes.

El mayor beneficiado de la política migratoria vigente debería ser el trabajador migrante hondureño y su familia; seguido por las empresas y empresarios del país, más las empresas y empresarios extranjeros que contraten temporalmente, con opción a varios años, trabajadores migrantes hondureños.

Manejada así, la migración de hondureños al exterior por razones laborales se convertiría en uno de los ejes operativos del desarrollo del país, con efectos de codesarrollo en la era globalizada en que vivimos.
Con beneficios para el trabajador migrante, el empresario hondureño y para el empresario extranjero, con contribuciones adicionales positivas a la economía del país, a nivel macro y micro.

Por otro lado, se ofrecerían condiciones de migración seguras, dignas, efectivas. Pero esto solo sucederá cuando Honduras y todos los países cuyas economías son altamente dependientes de lo que estos valientes migrantes generan en Estados Unidos, dejen de ver a Estados Unidos y al presidente en turno como el gran culpable de la migración, y comiencen a ver a lo interno como efectivamente se puede apoyar a estas personas sin truncarles su derecho inalienable de migración, desarrollo y prosperidad individual.

Elena Toledo es Directora Ejecutiva de la Fundación Eléutera