México: país de tránsito, retorno y destino de migrantes

Opinion04.06.2019José Manuel Murillo Valencia
Un día sin migrantes Tijuana
cesar bojorquez

La situación actual en la frontera entre México y Estados Unidos ha sido uno de los temas más recurrentes por motivos político-electorales del presidente Donald Trump. En diversas declaraciones ante la prensa y mítines alrededor del país, Trump se ha referido a una crisis migratoria y a la urgente necesidad de reforzar la seguridad en la frontera. Desde que anunció su candidatura en 2015, el discurso antiinmigrante se ha convertido en uno de los ejes de su plataforma política. Su retórica posiciona a los migrantes como una amenaza a la seguridad pública.

El fenómeno migratorio es mucho más complejo que el planteamiento simplista y unidimensional del titular del ejecutivo estadounidense. Para México, su complejidad radica en el cambio evidente de paradigma. En la última década, México pasó de ser un país principalmente de origen de migrantes a uno preponderantemente de tránsito, destino y retorno de ellos. Esta nueva situación ha obligado a su gobierno a adoptar nuevas iniciativas que atiendan este fenómeno desde una perspectiva que priorice el respeto a los derechos de los migrantes, garantice su seguridad, e involucre la cooperación internacional regional.

Las estadísticas son contundentes: México ha dejado de ser un país expulsor de migrantes. Desde 2007, el número de inmigrantes mexicanos en EE.UU. se ha reducido en más de un millón. La cifra total de inmigrantes indocumentados también es significativamente menor: en 2016, se registraron 10.7 millones, lo que representa una disminución de 12% con respecto a 2007, cuando alcanzó un máximo de 12.2 millones. De hecho, el 9% de los inmigrantes indocumentados en 2016 llegaron a EE.UU. en los últimos cinco años. Asimismo, el número de mexicanos arrestado por la Patrulla Fronteriza ha descendido drásticamente, al pasar de 809 mil en 2007 a 130 mil en 2018.

La reconfiguración de la realidad mexicana en un país de tránsito, retorno y destino de migrantes es igualmente innegable. Nuestro país enfrenta un nuevo desafío: el paso de grandes grupos de migrantes centroamericanos. En contraste con las cifras de migrantes mexicanos, el número de migrantes provenientes de los países del Triángulo Norte que llega a EE.UU. ha ido en ascenso, al pasar del 11% del total en 2007 al 18% 2016. En cambio, el total de inmigrantes provenientes de México pasó de 52% a 24% entre el mismo periodo. En 2017, 165 mil centroamericanos fueron arrestados en la frontera, número superior al de los mexicanos.

Las nuevas modalidades de los flujos migratorios implican la necesidad de idear e implementar nuevas medidas de atención. Hace una década, los flujos de migrantes centroamericanos que cruzaban por nuestro país con el objetivo de llegar a EE.UU. estaban conformados por pequeños grupos, en su mayoría hombres jóvenes. Hoy se han convertido en grupos de miles de personas, conocidos como “caravanas”, integrados por hombres, mujeres y menores que, desde octubre de 2018, superan las 20 mil personas.

El Estado mexicano ha reconocido la situación migratoria actual como un fenómeno que merece atención internacional y como un tema de responsabilidad compartida. En ese tenor, México fue uno de los principales promotores y negociadores del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado en diciembre de 2018.  Este Pacto hace un llamado al respeto a los derechos humanos de los migrantes, sin importar su condición; promueve el otorgamiento de servicios básicos; llama a la no separación de familias y a tener en cuenta el interés superior de los menores, asimismo favorece la colaboración estrecha con la sociedad civil, entre otras disposiciones.

Si bien el liderazgo y las habilidades diplomáticas de México para la negociación del Pacto gozan de gran reconocimiento internacional, este dista de ser una solución real al problema actual. Primero, porque a pesar de ser apoyado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pacto no es vinculante y no cuenta con la adhesión de un importante número de países, entre ellos EE.UU., que se retiró de las negociaciones en 2017. De igual forma, aun cuando México ha decidido tomar el Pacto como base para su política migratoria, los compromisos adoptados en el pacto distan de ser factibles dada la actual capacidad institucional del país.

Por un lado, a lo largo de las últimas tres décadas, los riesgos y peligros del viaje desde Centroamérica hasta la frontera de Estados Unidos han aumentado sustancialmente. Los migrantes utilizan rutas cada vez más peligrosas, lo que los hace más vulnerables y los convierte en víctimas potenciales de robos, extorsiones, secuestros, y del crimen organizado. Los crímenes contra migrantes suelen quedar impunes: tan solo el 1% de los delitos cometidos contra migrantes termina en una sentencia. Las intenciones de México en el Pacto Mundial fácilmente se verán opacadas debido a la ampliamente difundida imagen de crisis y de percepción de violación de derechos humanos.

Por otro lado, hay una necesidad urgente de fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en sus capacidades de recepción, procesamiento y resolución de solicitudes de refugio. En 2019, se han superado las 12,750 solicitudes de refugio, en comparación con las 29,500 registradas en 2018 y a las menos de 200 a principios de la década.

Aunado a esto, México debe afrontar la decisión unilateral del gobierno de EE.UU. adoptada en 2018, de regresar a nuestro país a todos los migrantes que buscan asilo, sin importar su nacionalidad. Esta práctica se ha institucionalizado y se ha hecho extensiva a lo largo de toda la frontera, lo que ha resultado en largas filas de migrantes esperando en las distintas ciudades fronterizas de México, en plazos que van desde una semana hasta tres meses. México, sin embargo, no cuenta con procedimientos estándares e institucionales para coordinar estas filas de migrantes que esperan para pedir asilo. La logística improvisada varía significativamente en cada ciudad y los encargados de organizar las “listas” van desde Grupo Beta, organizaciones de la sociedad civil y hasta gobiernos municipales, lo de que da lugar a arbitrariedades, corrupción y malos manejos. Esta situación únicamente ha resultado en un mayor deterioro de las condiciones de los migrantes. 

El gran reto de la actual administración en México recae en la adopción e institucionalización de nuevas medidas y procedimientos que atiendan este fenómeno. Los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre México, quien tiene la obligación de demostrar que la migración puede ser atendida desde una perspectiva humanitaria y con respeto pleno a los derechos humanos. Una solución en el largo plazo implica invariablemente la colaboración multidimensional e intergubernamental entre Estados Unidos, México y los países de Centro América, así como la adopción de un nuevo diálogo que determine un marco de cooperación real y efectivo. Todo ello, dificultado por los posibles roces que conlleva la negociación de dichas políticas y la narrativa antiinmigrante en EE.UU. que, con miras a las elecciones presidenciales de 2020, cada vez se vuelve más latente en el plano político.

José Manuel Murillo Valencia es miembro del Servicio Exterior Mexicano y está adscrito al Consulado General de México en Austin, Texas